Más allá de la postura que tengamos frente al conflicto palestino-israelí, es innegable que la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos es, por lo menos, alarmante. La naturaleza de la ocupación, aún si uno la considera legítima o no, implica que se dará lugar a situaciones difíciles, a limitaciones al goce de ciertos derechos, y a la exposición a situaciones potencialmente violentas que ponen en riesgo a personas en ambos lados del conflicto.
Pero ante un conflicto que no parece que tendrá una solución en el futuro cercano, la difícil situación que atraviesan palestinos e israelíes atrapados en el medio requiere que la comunidad internacional, y los ciudadanos del mundo preocupados por la situación, busquen un enfoque constructivo y sensato para pensar en soluciones y acercar posiciones sobre las bases del concepto de los derechos humanos universales.
Para cualquiera que haya intentado discutir con alguien sobre el conflicto es evidente que este tipo de discusiones calmadas, constructivas y equilibradas son cada vez menos frecuentes, al punto tal en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el foro de derechos humanos más importante del mundo, se ha convertido en uno de los principales promotores de una retórica fuertemente tendenciosa, en la que el liderazgo palestino es eximido de sus responsabilidades, y los derechos humanos de los civiles israelíes parecen no ser considerados.
En marzo de este año, la publicación de la “lista negra” de empresas activas en los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental fue la gota que rebalsó el vaso para el gobierno israelí, que decidió cortar toda colaboración con el Consejo y la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Esta fue una medida no solo discriminatoria contra Israel, sino que no es en realidad una decisión para actuar sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos. Mas bien, fue un fuerte gesto político y una medida punitoria camuflada, directamente alineada con los postulados del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones).1
Pero esto fue solo la última manifestación de un problema que la ONU en general, y el Consejo en particular, han tenido durante décadas. Las acciones y la retórica anti-Israel se volvieron costumbre en una organización que debe tratar a todos sus miembros de forma igualitaria, y confluyeron en una obsesión que se ve reflejada en el producto del trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Israel es objeto de la mitad de todas las resoluciones dirigidas a países específicos, y de un tercio de las comisiones especiales de investigación y de las sesiones de emergencia.
Israel es el único país que tiene un ítem especial en la agenda permanente del Consejo (el ítem 7), lo que garantiza que en cada sesión regular se dedicará al menos medio día completo para debatir exclusivamente la situación en los territorios palestinos ocupados. Mientras que las situaciones de los otros 192 Estados miembro de la ONU son tratados bajo los otros ítems de la agenda, o en debates especiales rotativos.
Más aún, si bien Israel no es el único país para el que se creó un procedimiento especial (conocido como Relator Especial) para monitorear la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, el mandato de este relator es el único que limita deliberadamente el espectro de su trabajo, limitándolo a monitorear posibles violaciones cometidas por Israel, dejando afuera a los otros actores relevantes, como la Autoridad Nacional Palestina o Hamás.
Esto no tuvo solamente como resultado el quiebre de una relación que ya se encontraba profundamente deteriorada entre Israel y el Consejo de Derechos Humanos, sino que perjudicó la discusión macro sobre la situación de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos.
El enfoque de la ONU prácticamente niega la relevancia de la situación de los derechos humanos de los civiles israelíes, que también son impactados por la violencia y el conflicto, promueve la impunidad del liderazgo palestino (tanto de la ANP como de los grupos terroristas) al ni siquiera adjudicarles responsabilidad alguna, no solamente por la violencia promovida contra los israelíes, sino también por las violaciones cometidas contra ciudadanos palestinos bajo su autoridad.
Y de la misma manera en que Israel fue empujado fuera de la mesa de discusión en el Consejo, quienes se involucran en estas discusiones son empujados hacia posiciones cada vez más cerradas, ya sea porque defienden a la ONU y a quienes manipulan al Consejo, o quienes se oponen y adoptan posiciones cada vez más beligerantes y menos dialoguistas.
Quienes nos consideramos defensores del derecho de Israel a existir, al mismo tiempo que nos preocupa la situación de los derechos humanos nos encontramos en una encrucijada: ¿cómo combatir la retórica de la ONU y del BDS, proteger a Israel y sus derechos, al mismo tiempo que velamos por la protección de los derechos humanos de palestinos e israelíes por igual?
La solución es algo que suena imposible pero que es necesario, e implica hacer lo que tanto le exigimos a la ONU que haga: Debemos separar nuestra postura política ante el conflicto del enfoque que adoptamos cuando hablamos de derechos humanos. Y, sobre todo, debemos seguir buscando redirigir la conversación hacia un punto constructivo, entendiendo que los derechos humanos no son solamente algo que debería acercar posiciones, sino que son una herramienta para contribuir a la solución del conflicto en su totalidad.
Foto: Aviva Raz- Embajadora de Israel y Representante Permanente ante la ONU y organizaciones internacionales en Ginebra.
Credito: UN Watch
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